La reforma universitaria

Nada menos que siete informes de diferentes expertos tanto nacionales como internacionales en las últimas décadas han venido a señalar los diversos puntos débiles del sistema universitario español entre los que se señalan los problemas de liderazgo de los rectores, la selección y la contratación del profesorado que no fomenta que los mejores consigan un puesto, una financiación escasa (se piden más tasas acompañadas de más becas y desvinculada a los resultados). 

Muchas de las propuestas para enmendar los errores se repiten sin que se lleguen a poner en marcha, o al menos no de manera que solucionen las flaquezas de nuestro sistema universitario como ha dejado patente cada informe. El último informe encargado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, a un grupo de expertos, se acaba de empezar a discutir con los rectores y las comunidades autónomas. Las diferentes posturas son poco optimistas y están enmarcadas en un contexto de recortes constante que no es propicio para los cambios según los rectores. 

Cada nuevo intento de reforma universitaria conlleva nuevamente al debate, pero la situación parece no avanzar demasiado y es que a día de hoy aún sigue habiendo resistencias al cambio en un entorno muy poderoso y anclado a lo inmóvil. Los hay que opinan que los grupos de presión vuelven a plantear cuestiones equivocadas, neoliberales donde sólo se contempla la Universidad como una empresa, perdiendo su vocación de servicio público. Algunos de estos miembros plantean que la universidad española funciona bien, pero que le falta financiación, mientras que otros muchos consideran que hacen falta cambios y rechazan los remedios que se le proponen. 

El catedrático de Física Teórica en la Universidad de Valencia José Adolfo de Azcárraga, uno de los redactores del informe, se defiende de algunas de las críticas vertidas asegurando que provienen de “inmovilistas” y añade: “Muchos de quienes dicen ‘defender una universidad pública y de calidad’ solo están defendiendo sus propios intereses; algunos, incluso, solo ven en las universidades una agencia de colocación/ empleo público. La mejor defensa de la universidad pública, de la que toda la comisión es partidaria, es la defensa de su calidad”. 

Este documento recomienda un rector con capacidad para nombrar a todos los cargos importantes (decanos y responsables de centros) y que el rumbo de la institución sea elegido de entre académicos prestigiosos de todo el mundo por un Consejo de la Universidad, al que tendrá que rendir cuentas. En este órgano formaría parte, eligiendo una parte de sus miembros, las comunidades autónomas. Ahora, tanto el rector como los decanos se eligen por sufragio entre sus propios académicos y el principal órgano de gobierno (al que el rector debe someter una gran parte de sus decisiones) es el Consejo, en el que suelen tener mayoría el propio claustro (formado por docentes y en menor medida, alumnos y personal de administración) y los decanos. 

Para la selección de docentes proponen una doble vía: una para ser titulares y catedráticos funcionarios y otra para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos bajo los criterios que decida cada universidad. En materia de financiación, insisten en que haya más (que se llegue al 3% del PIB, ahora es un menguante 1,2%), entre otras cosas, para que haya más y mejores becas, pero también que se vincule una parte mucho mayor del presupuesto a los resultados (sobre todo, de investigación), para lo que harían falta muchos más mecanismos de transparencia. 

El ministro José Ignacio Wert ha asegurado que el texto es uno de los puntos de partida de una reforma que discutirá, asegura, con todos los sectores y las comunidades. A pesar de ello, ya ha provocado una gran oposición.

Fuente:
El País